¿Quiénes mataron a los padres de Juan?
Los padres de Juan.
Los padres de Juan fueron asesinados por las fuerzas de seguridad gubernamentales. A su madre la mataron en 1980 cuando Juan tenía tres años. Los soldados llegaron a buscar a su papá, a quien unos vecinos lo habían acusado de ser “subversivo”, pero como no estaba en la casa se llevaron a su mamá que estaba embarazada de seis meses. No se volvió a saber de ella. Algunos de los hermanos mayores de Juan presenciaron el secuestro.
Juan habla de la decisión de su padre de unirse a la guerrilla.
El padre de Juan murió en combate al año siguiente, después de haberse unido a la guerrilla del FMLN, aunque no está claro si participaba en el Frente antes de la desaparición de su esposa. Mucha gente era considerada sospechosa tan solo por ser líderes comunitarios o activistas de la iglesia católica. Se acusaba a la iglesia de apoyar al movimiento guerrillero y por eso muchos activistas y dirigentes eran blanco de la represión.
Es razonable pensar que el padre de Juan – al igual que muchos otros miles de salvadoreños – se unió a la lucha armada como respuesta a la represión militar y en busca de justicia económica. Una pequeña minoría de terratenientes (conocidos como las “catorce familias”) gobernó el país económica y políticamente durante décadas. Como respuesta a la revuelta campesina de 1932 dirigida por el líder obrero Agustín Farabundo Martí (de quien el FMLN tomó el nombre), las tropas gubernamentales masacraron a unas 30,000 personas en un acto que se conoce como “la matanza”. Las siguientes décadas trajeron consigo ciclos de violencia política tanto de los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares de derecha (y sus aliados militares formales) y las guerrillas de izquierda.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Fotógrafo desconocido.
A raíz del asesinato del arzobispo Óscar Romero el 24 de marzo de 1980, se desató en el país una guerra civil declarada. El día antes, durante la misa, Romero había pronunciado su famosa homilía en la que exhortaba directamente a los soldados, cuya brutalidad era de todos conocida, a cesar la represión: Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. …En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión.
Carta del Presidente Carter al Monseñor Romero.
Poco antes de su muerte, Romero le había escrito al presidente de EEUU Jimmy Carter para pedirle que prohibiera un paquete de ayuda militar estadounidense destinado a las fuerzas armadas de El Salvador. Argumentaba que la ayuda se usaría para incrementar el sufrimiento y la represión del pueblo salvadoreño. No obstante, el Congreso aprobó el paquete un día después de su asesinato. Sin embargo, como sostiene un ex comandante del FMLN, la consolidación de más ayuda estadounidense a los militares salvadoreños no fue la única respuesta al asesinato de Romero. Esta acción motivó a miles de personas a unirse a la guerrilla y el FMLN se convirtió en una amenaza genuina al régimen. Así empezó una guerra que duraría 12 años.
El orfanato donde creció Juan fue bautizado con el nombre del arzobispo. Un sacerdote católico y varias monjas de EEUU establecieron la Comunidad Óscar Arnulfo Romero (COAR) en agosto de 1980 para alojar a los huérfanos de guerra. Ochenta niños habían encontrado un hogar aquí cuando Juan y sus hermanos llegaron unos meses después.
Ellos no se habían ido a la COAR de inmediato. Después de la muerte de la madre de Juan, su padre escondió a los niños hasta que pudo arreglar que se los llevaran al orfanato. Dos monjas estadounidenses, que ayudaban a los huérfanos a escapar de zonas bajo asedio, llevaron a Juan y a sus hermanos a la COAR. Unos meses después, el 4 de diciembre de 1980, ellas mismas junto con una tercera monja y una misionera laica de EEUU fueron brutalmente violadas, ejecutadas y enterradas en una tumba poco profunda por la Guardia Nacional.
Memorial a las monjas. Foto cortesía de SHARE.
Estos asesinatos encendieron la discusión en curso sobre la política de EEUU hacia El Salvador. El embajador estadounidense Robert White, que conocía personalmente a las monjas, creía que los militares eran responsables. Sin embargo, poco tiempo después, en enero de 1981, Ronald Reagan se convirtió en presidente de EEUU y su gobierno estaba decidido a no dejar que el asesinato de unas monjas arriesgara las enormes sumas de dinero destinadas a ayudar a que El Salvador librara una guerra contra los rebeldes. White fue retirado de su cargo y la ayuda estadounidense siguió fluyendo.
Aunque cinco miembros de la Guardia Nacional fueron condenados por los asesinatos en 1984, nunca se inculpó a ningún alto mando militar. Pero en 2015 y 2016, dos ex generales del Ejército salvadoreño, que se habían jubilado y residían en EEUU, fueron deportados a El Salvador por su participación en torturas y asesinatos durante la guerra, el de las monjas inclusive. Hasta la fecha no se han presentado cargos en su contra en El Salvador. El gobierno no ha estado dispuesto a abrir una investigación para encontrar y juzgar a los autores intelectuales del asesinato de las monjas.
Tampoco se ha llevado a nadie ante la justicia por el asesinato del arzobispo Romero, aunque la opinión generalizada es que una figura clave en el crimen fue Roberto d’Aubuisson, ex oficial de inteligencia del Ejército. Famoso por dirigir escuadrones de la muerte y por ser fundador del partido de derecha ARENA, D’Aubuisson murió de cáncer en 1992.
Celebrando la beatificación del Monseñor Romero en las calles de San Salvador, 23 de mayo de 2015. Foto por Roberto Escobar/CNS.
El 23 de mayo de 2015, el papa Francisco beatificó a Romero, lo cual abrió el camino para declararlo santo o canonizarlo. Durante años, las fuerzas religiosas conservadoras tanto de El Salvador como de Roma impidieron que avanzara ese proceso. Se calcula que unas 250,000 personas llenaron las calles de San Salvador para la ceremonia. El papa Francisco afirmó: En este día de fiesta para la Nación salvadoreña, y también para los países hermanos latinoamericanos, damos gracias a Dios porque concedió al Obispo mártir la capacidad de ver y oír el sufrimiento de su pueblo. El 14 de octubre de 2018, el papa Francisco declaró a Romero Santo.
FUENTES Y ENLACES
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LAS SECUELAS DE LA GUERRA
Nombres de las víctimas en el Monumento a la Memoria y la Verdad, San Salvador. Foto por J. Lester Feder/BuzzFeed News.
Doce años de guerra civil cobraron alrededor de 75,000 vidas, de una población de cinco millones. Una de cada cinco personas había tenido que dejar su hogar. No obstante, ni el Ejército salvadoreño ni la guerrilla del FMLN pudieron proclamar la victoria militar. La guerra terminó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz negociados por la ONU.
El FMLN acordó deponer las armas a cambio de su reconocimiento como partido político legítimo y la garantía de funcionar abiertamente en la sociedad salvadoreña. Otros aspectos de los Acuerdos se centraron en garantizar el respeto por los derechos humanos y la reconciliación, aunque apenas se abordaron los problemas históricos relacionados con la pobreza y la desigualdad.
La Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU según el mandato de los Acuerdos de Paz, atribuyó el 85% de los actos de violencia a los agentes gubernamentales y aproximadamente 5% al FMLN. Cinco días después de que la Comisión hiciera público su informe en 1993, el Congreso salvadoreño promulgó una amplia ley de amnistía que cerró la puerta a toda posibilidad de realizar investigaciones y acusaciones penales contra los responsables de crímenes de guerra. En consecuencia, no se ha dado una explicación veraz ni siquiera de los actos más infames de violencia, desde la masacre de Mozote, en la que perecieron cerca de mil personas, hasta el asesinato del arzobispo Oscar Romero. Dos ex militares salvadoreños de alto rango que fueron encontrados culpables de crímenes de guerra en tribunales estadounidenses – incluyendo su participación en el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses y monseñor Romero – fueron extraditados a El Salvador en 2015 y 2016, pero aún esperan juicio en ese país.
Mural en San Antonio Los Ranchos de la masacre del río Sumpul, Chalatenango del 14 de mayo, 1980. Los soldados gubernamentales dispararon contra campesinos que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras. Alrededor de 600 personas murieron, muchos niños inclusive, por disparos o ahogadas.
Sin embargo, posiblemente todo eso estaría cambiando. El 14 de julio de 2016, la Corte Suprema de El Salvador derogó la ley de amnistía y abrió el camino para que se juzguen los crímenes de guerra. Queda por verse si los fiscales procederán con algún caso y si eso contribuiría a derribar el muro de la impunidad. No está claro si tanto la derecha como la izquierda tienen la voluntad política de impulsar algunos casos. Muchos testigos y sobrevivientes ya han fallecido, así es que la larga espera de las víctimas por la verdad, la justicia y la responsabilidad quizá – o quizá no – se esté acercando a su fin.
Manifestación de ARENA en San Salvador. Foto por Rodrigo Molina Rochac.
Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN de 2009 – 2014. Foto por SHARE.
Desde que concluyó la guerra, el FMLN ha seguido luchando por un cambio como partido político a través de elecciones locales y nacionales. Su oponente principal ha sido el partido de derecha ARENA, que ganó las primeras tres elecciones presidenciales después de la guerra, pero en 2009 y 2014 el FMLN se proclamó ganador de la presidencia por estrecho margen. Aunque la alternancia pacífica en el poder entre el FMLN y ARENA ha estabilizado el sistema político del país, la población sigue estando muy polarizada. El FMLN ha enfrentado dificultades para que muchas de sus políticas sean promulgadas, en parte porque ARENA ha mantenido el control de la legislatura. Se han logrado importantes mejoras en educación y salud, aun cuando continúan padeciendo una falta crónica de personal y financiamiento. No obstante, algunos de los factores claves que llevaron a la guerra – pobreza, desigualdad y falta de oportunidades – siguen caracterizando la vida diaria de la mayoría de salvadoreños.
La economía salvadoreña de hoy se conoce como “economía de remesas”. El dinero enviado por familiares en EEUU es el que impulsa la economía del país (más de 2 millones de salvadoreños viven en EEUU). Alrededor de un tercio de todos los hogares recibe remesas. Aunque gracias a estas muchas familias se mantienen a flote, el costo en separación familiar y fragmentación social ha sido alto. Otro indicador de la complicada relación entre las economías de EEUU y El Salvador fue la adopción del dólar estadounidense como la moneda oficial del país en 2001.
Un símbolo de la MS-13 or Mara Salvatrucha, San Salvador. Foto por Ken Ford.
Pero la alarmante tasa de violencia y crimen ensombrece actualmente todo lo demás en El Salvador. A la violencia política alimentada por la guerra, le siguió la violencia criminal causada, en gran parte, por actividades relacionadas con las pandillas y, en menor grado, con el narcotráfico. La guerra terminó, pero la violencia continúa y la cantidad de homicidios en “tiempos de paz” ha sobrepasado la de los peores años de guerra. En 2015, El Salvador se convirtió en uno de los países más violentos del mundo con alrededor de 18 asesinatos diarios (es decir, cerca de 20 veces la tasa de crímenes en EEUU y 90 veces más que en Gran Bretaña).
Mapa del territorio controlado por las maras en San Salvador.
Se calcula que entre 60,000 y 70,000 personas están directamente involucradas en pandillas o “maras”. Los miembros de las pandillas de Los Ángeles que fueron deportados establecieron las más numerosas en los años noventa. Es probable que medio millón de personas, incluyendo familiares, funcionarios corruptos y socios de negocios, dependan económicamente de estas. Las extorsiones que cobran las maras suman aproximadamente $750 millones anuales. Nadie es inmune a sus exigencias, ni siquiera la clase media, las grandes empresas y los ricos, pero los más golpeados han sido los conductores de buses, los pequeños negocios y los residentes de los barrios pobres.
Aunque la violencia ha tocado directa o indirectamente a casi todos los habitantes de El Salvador, la población joven ha sido la más perjudicada de acuerdo con un reciente estudio patrocinado por la ONU. Alrededor del 28% de la población tiene entre 15 y 29 años. La violencia les afecta de mil maneras. Los hombres jóvenes representan un número desproporcionado tanto de perpetradores como de víctimas de la violencia. En algunas zonas, los jóvenes son vistos como miembros o posibles miembros de pandillas. Se les estigmatiza injustamente según el lugar donde vivan o la ropa que usen.
Jóvenes en una feria de empleo. Foto por archivo/elsalvador.com.
Muchos jóvenes se enfrentan todos los días a una lucha muy real por su seguridad física e integridad moral, ya que comparten espacio con otros que han optado por la delincuencia. Actividades tan mundanas como caminar a la escuela, viajar en buses públicos, o ir a la tienda adquieren una dimensión difícil y peligrosa. Los jóvenes aprenden a no confiar en nadie como medida de seguridad. La violencia restringe sus oportunidades de expresión personal, desarrollo físico y mental, y creación de su identidad propia. Hoy, se calcula que un cuarto de la población joven enfrenta el mismo dilema que Juan en su juventud: se encuentran atrapados en empleos mal pagados debido a su bajo nivel de educación y apenas si pueden arreglárselas con sus salarios, mucho menos pagarse sus estudios. Es fácil entender por qué tantos recurren a la emigración como solución.
Los participantes en el programa “Jóvenes Constructores” de Catholic Relief Services se capacitan en construcción y mejoran sus comunidades. Foto por Oscar Leiva/Silverlight.
El estudio de la ONU descubrió que a pesar de la desalentadora realidad que con tanta frecuencia los rodea, una abrumadora mayoría de jóvenes rechaza el camino de la violencia y sabe lo que necesita: educación de calidad para desarrollar su potencial y obtener un trabajo que les permita construir un futuro sólido. El informe concluye: “El problema pandilleril es uno de los flagelos más grandes que vive la sociedad salvadoreña. Sin embargo, mucha gente joven, lejos de amedrentarse o rendirse, ha decidido sortear los obstáculos para que la vida y la libertad se impongan al miedo y a la muerte”.
FUENTES Y ENLACES
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MITOS Y REALIDADES DE LA INMIGRACIÓN
Trabajadores migrantes cargan pepinos en una finca de Virginia. Casi tres cuartos de los trabajadores agrícolas contratados en EEUU son inmigrantes, en su mayoría indocumentados. Foto por Laura Elizabeth Pohl/Bread for the World.
1. Los inmigrantes indocumentados les quitan empleos a los trabajadores estadounidenses.
En los estados con mayor población inmigrante, las tasas de desempleo tienden a ser bajas. Pero ¿cómo es posible eso? Aunque no hay un número fijo de empleos en la economía estadounidense, si los aproximadamente ocho millones de trabajadores indocumentados dejaran sus empleos, los trabajadores estadounidenses no tendrían automáticamente la misma cantidad de puestos de trabajo. Eso se debe a que los trabajadores estadounidenses y los inmigrantes tienen diferentes habilidades que tienden a complementarse no a competir entre sí. Los trabajadores nacidos en Estados Unidos están cada vez menos dispuestos a realizar el trabajo que hacen los inmigrantes, debido en gran parte a que, por lo general, la fuerza laboral estadounidense tiene mayor nivel educativo y es de más edad.
Muchos inmigrantes indocumentados trabajan en empleos mal pagados en agricultura, pesca y explotación forestal, junto con trabajadores invitados que tienen visas de trabajo temporales; otros, en la manufactura de ropa, en la industria de servicios en hoteles, restaurantes y hogares de ancianos, o como encargados de mantenimiento y jardinería, guardias de seguridad, o empleados domésticos. Una minoría trabaja en manufactura y construcción, y son aún menos los que encuentran empleos profesionales o empresariales. Los inmigrantes contribuyen a crear nuevos puestos de trabajo, pues ellos y sus familias son consumidores que compran bienes y servicios, y ayudan a impulsar la economía. Como grupo, tienen casi el doble de probabilidades que los estadounidenses de convertirse en empresarios, empezar sus propios negocios y contratar a trabajadores.
Los inmigrantes indocumentados pagan $1.1 billones impuestos sobre la renta personal; $3.6 billiones impuestos sobre la propiedad; $6.9 billiones IVA/impuestos sobre ventas; $11.6 billiones impuestos estatales y locales total. Y pagarían $2.1 billones si se legalizara su permanencia con la reforma migratoria. 1 billion = 1,000 millones. Fuente: Institute on Taxation and Economic Policy.
2. Los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos pero reciben beneficios.
Estudios demuestran que en realidad es todo lo contrario: los inmigrantes indocumentados pagan impuestos sin recibir los beneficios correspondientes., Pagan el impuesto sobre ventas siempre que hacen alguna compra y el impuesto sobre la propiedad ya sea como dueños o, indirectamente, a través de los arrendadores si son inquilinos. Muchos inmigrantes indocumentados deben presentar su tarjeta de seguro social a los empleadores para poder obtener empleo, así es que por lo general usan tarjetas falsas. Deben pagar impuestos sobre la renta federales y estatales, seguro social y Medicare que les deducen de sus cheques de pago. Este dinero se envía al gobierno y se queda en una cuenta en la que se depositan los impuestos pagados por números de seguro social fraudulentos. Los trabajadores indocumentados también pueden pagar impuestos al declarar con un número de identificación personal de contribuyente (ITIN). En 2010, unos tres millones de personas pagaron más de $870 millones de impuestos con el número ITIN, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Si un inmigrante logra legalizar su situación en el futuro, tener un registro de contribuyente con un número ITIN puede constituir una prueba importante tanto de residencia como de cumplimiento del pago de impuestos.
El beneficio principal que reciben los inmigrantes indocumentados es la educación pública de sus hijos, que se paga en parte con el impuesto sobre la propiedad.Es probable que también reciban atención médica de emergencia. No son elegibles para recibir prestaciones sociales, cupones de alimentos, Medicare o beneficios del Seguro Social. Incluso si se legalizan como residentes, no pueden recibir la mayoría de beneficios durante cinco años, sin importar cuánto tiempo han estado pagándole al sistema. En general, se calcula que los inmigrantes indocumentados pagaron más que cualquier beneficio recibido, lo que contribuya a subsidiar a la población estadounidense de edad avanzada.
Número de inmigrantes y participación del total de la población estadounidense 1850-2014. Inmigrantes como porcentaje de la población estadounidense (naraja). Número de inmigrantes (azul). Fuente: Migration Policy Institute.
3. EEUU está invadido por inmigrantes, cuya mayoría son indocumentados.
Aunque el número absoluto de inmigrantes ha aumentado en el último siglo (linea azul), el porcentaje de inmigrantes respecto del total de población de EEUU se ha mantenido bastante estable (linea naranja). (Vea gráfica a la derecha.)
Población de EEUU nacida en el extranjero, 2012. Total = 42.5 milliones. Nota: Todas las cifras se redondearon independientemente, sin ajustarlas para agregar a la cifra total de EEUU u otros totales. Fuente: Cálculos del Pew Research Center para 2012 basados en datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Serie de Microdatos de Uso Público (IPUMS). Pew Research Center.
En 2012, cerca del 13.5% o 42.5 millones, de los 314 millones que constituyen la población total de estadounidenses, nacieron en el extranjero. La gráfica a la izguierda muestra el desglose de esos 42.5 millones, de los cuales 11.2 milliones (26.3%) son inmigrantes indocumentados y 31.4 milliones (73.7%) son inmigrantes legales. De los inmigrantes legales 17.8 milliones (41.8%) son ciudadanos naturalizados; 11.7 milliones (27.4%) son residentes legales permanentes; y 1.9 milliones (4.5%) son residentes legales temporales.
4. La gente que desee entrar a EEUU debe esperar en fila.
Los requisitos para ingresar legalmente a EEUU según su política actual hacen casi imposible que la mayoría de la gente pueda cumplirlos. Estos son:
1. Un empleador puede ser su patrocinador, pero, por lo general, esta opción solo está disponible para personas con “habilidades extraordinarias” en artes, ciencias, educación, negocios o deportes; profesionales con estudios de posgrado; y trabajadores calificados o no calificados que realizan labores para los que no hay trabajadores calificados en EEUU.
2. Un familiar cercano puede ser su patrocinador, pero debe ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente y usted debe ser su cónyuge, padre o madre, o hijo/a menor.
3. Un familiar más distante puede ser su patrocinador, pero los tiempos de espera pueden ser extremos debido al límite máximo de personas que son aceptadas dependiendo del país. Si usted es de Filipinas o México, por ejemplo, la espera puede ser de más dos décadas.
4. Puede solicitar refugio o asilo, que se concede solo cuando alguien logra comprobar que “no puede o no desea regresar a su país de origen debido a persecución o temor bien fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social en particular, u opiniones políticas”. En 2014, cerca de 70,000 refugiados fueron admitidos en EEUU. Cada año, el presidente, en consulta con el Congreso, establece un límite global de refugiados y las asignaciones regionales. Por ejemplo, a la América Latina le fueron adjudicados 5,000 cupos ese año. Ese mismo año, se concedió asilo a casi 24,000 personas que ya se encontraban en EEUU. Aunque no hay una cantidad límite, es muy difícil obtener asilo. En la actualidad, hay cerca de medio millón de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Y los centroamericanos que logran terminar el proceso luchan contra todo pronóstico: en los últimos años, solo se concedió asilo a entre 10% y 20% de los solicitantes. La mayor cantidad de personas aceptadas en los últimos años eran originarias de China y Egipto.
5. Puede ganar la “lotería de visas de residencia permanentes”. Este programa está disponible para personas de países con tasas bajas de inmigración a EEUU que reúnan los requisitos establecidos. Todos los años se dispone de 55,000 visas para solicitantes seleccionados al azar de países elegibles. Sin embargo, los solicitantes tienen que haber terminado el bachillerato o haber trabajado en ciertas ocupaciones durante los cinco años anteriores.
5. Los inmigrantes indocumentados aumentan los índices de criminalidad.
Los índices de criminalidad han bajado en las últimas décadas, a pesar de que se ha incrementado la cantidad de inmigrantes indocumentados. Numerosos estudios muestran que las personas de origen extranjero (tanto ciudadanos y residentes permanentes como indocumentados) tienen menos probabilidades que las nacidas en EEUU de cometer delitos o ser encarceladas.
6. Los inmigrantes indocumentados constituyen una amenaza para la seguridad.
En su informe de 2016 sobre inmigración, la Cámara de Comercio de EEUU, una organización conservadora que representa los intereses de negocios de sus diversos afiliados, respondió a este argumento: “Perseguir indiscriminadamente a todos los inmigrantes indocumentados, ya sea que se trate de deportar a todos los que se encuentran actualmente en el país o se construya un muro para tratar de impedir que entren otros en el futuro, es demasiado impreciso para mejorar eficazmente la seguridad nacional. Las amenazas reales a la seguridad son las organizaciones del crimen transnacional que trafican con personas, drogas, armas y dinero en ambas direcciones a través de la frontera. La vasta mayoría de inmigrantes que entran de contrabando – para buscar trabajo, reunirse con sus familiares en Estados Unidos, o huir de la violencia y la persecución – no constituyen un peligro para los ciudadanos estadounidenses”.
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JÓVENES INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
“No nos fuimos de El Salvador porque quisimos, nos fuimos porque tuvimos que irnos”. El joven inmigrante que escribió eso podía muy bien haber sido de Guatemala. Tanto durante los años de guerra como actualmente, la violencia generalizada ha empujado a salvadoreños y guatemaltecos a huir porque solo ven dos opciones: quedarse en su país y enfrentar una muerte probable o tratar de llegar a EEUU sin documentos (para mayor contexto, véase Yesenia: ¿Por qué hay tantas familias separadas?)
La mayoría de los 11.1 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU, incluyendo los de América Central, preferirían establecer residencia legal pero simplemente no tienen manera de hacerlo. Los residentes indocumentados tienen pocas posibilidades de recibir educación superior o avanzar en sus carreras; obtener crédito de un banco, acceder a beneficios gubernamentales, y demás. La posibilidad de ser deportados es como una nube negra siempre presente en su vida. Las familias con niños nacidos en EEUU y uno o ambos padres indocumentados, conocidos como familias de estado migratorio mixto, viven con temor constante de que sean separadas.
“Educación = El sueño inmigrante”. Foto por National Network for Immigrant and Refugee Rights.
Los jóvenes indocumentados que desean asistir a la universidad enfrentan con frecuencia obstáculos muy difíciles. Debido a su situación, se les puede negar ayuda financiera estatal y federal, y ser excluidos del pago de matrícula para residentes del estado, lo cual de hecho les cierra las puertas a la educación superior. A mediados de los años 2000, los jóvenes inmigrantes empezaron a organizarse para exigir oportunidades de educación más equitativas. Los grupos de presión se reunieron para apoyar la aprobación de la Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros (DREAM Act), que brindaba a los inmigrantes traídos a EEUU cuando eran niños una vía para legalizar su situación y acceder a la educación superior. A pesar de los múltiples intentos hechos a través de los años, nunca hubo suficientes votos en el Congreso para aprobar esta ley.
“Saliendo de las sombras” marcha, Chicago, 2010. Fotógrafo desconocido.
Entretanto, el movimiento de jóvenes inmigrantes ampliaba su enfoque más allá de la Ley DREAM. Uno a uno, los jóvenes inmigrantes empezaron a contar sus historias en público, presentándose orgullosamente “indocumentados y sin miedo”. Empezaron a hablar acerca de las consecuencias psicológicas que sufrían al vivir a diario con temor de ser descubiertos. En 2010, algunos jóvenes empezaron una campaña en Chicago con el lema “saliendo de las sombras”, a través de la cual compartían sus dificultades y animaban a otros a contar sus historias en las redes sociales. Cuatro estudiantes caminaron desde Miami a Washington D.C. a fin de apelar a los políticos para que compusieran el disfuncional sistema migratorio que los mantenía “temerosos y ocultos, sin posibilidad de alcanzar su potencial pleno”. Hablaron con miles de personas en el camino y con los medios acerca de cómo se les “despojaba de la oportunidad de tener una participación valiosa en la sociedad”.
Portada de la revista TIME el 25 de junio de 2012 con Jose Antonio Vargas y otros inmigrantes indocumentados.
José Antonio Vargas, un inmigrante indocumentado nacido en Filipinas, escribió un artículo en la revista New York Times. Graduado de la Universidad, con una carrera exitosa en periodismo, Vargas describió cómo era vivir “…con temor de ser descubierto….sin confiar en nadie más que en raras ocasiones, ni siquiera en las personas más cercanas a mí, sobre quién soy en realidad…. [y] hacer cosas con renuencia e incluso muy consciente de que no están bien y son ilegales”. En 2012, la revista TIME publicó un artículo de portada centrado en cómo Vargas y otros miles de inmigrantes indocumentados estaban cansados de ocultarse. Estas historias de alto perfil abrieron espacio para que otros hablaran.
Los jóvenes inmigrantes siguieron organizándose y fueron fundamentales para que el presidente Obama firmara el decreto de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA) en 2012. Con este decreto, muchos jóvenes adultos indocumentados pero elegibles obtuvieron mayor acceso a financiamiento para educación superior, permisos de trabajo y protección de la amenaza de deportación. En septiembre de 2017, el presidente Trump puso fin al programa DACA, al mismo tiempo que exhortaba al congreso a “hacer su trabajo” y aprobar una “reforma migratoria responsable” en un plazo de seis meses. Varios estados presentaron demandas de inmediato contra esta decisión por considerarla inconstitucional. Entretanto la suerte de unos 800,000 jóvenes que se habían acogido al DACA, muchos de los cuales han vivido en EEUU desde pequeños o muy jóvenes, se encuentra en el aire.
Un oficial de la Patrulla Fronteriza asiste a una niña en la orilla del Río Grande en Texas. Foto por Donna Burton/US Customs and Border Patrol.
Pero muchos jóvenes no fueron elegibles para el DACA, incluyendo alrededor de 115,000 menores centroamericanos que llegaron solos a EEUU en los últimos tres años. Una medida de su desesperación es que los padres continúen enviando a sus hijos, entre ellos muchos que no son ni siquiera adolescentes, en un viaje al norte pese al alto costo, el peligro extremo que implica, y las pocas probabilidades de lograr residencia legal si llegan a EEUU.
¿Qué ha pasado con todos esos niños? Algunos, a quienes capturaron en la frontera o posteriormente, ya fueron deportados. La mayoría viven con familiares en espera de que el tribunal de inmigración decida si pueden quedarse en EEUU o no, lo cual con frecuencia toma años debido a la cantidad de casos pendientes. En el sistema migratorio no hay tribunales de familia o de jóvenes, a los niños se les trata en realidad igual que a los adultos. Las autoridades de inmigración no están obligadas a tener en cuenta el interés superior del niño.
A los menores no acompañados no se les garantiza un abogado nombrado por la corte. Solo una minoría puede costear a un abogado o encontrar a alguno que tome su caso sin cobrar, lo que aumenta en buena medida sus posibilidades de quedarse en EEUU. Una mayoría de menores se ven obligados a navegar solos en un complejo sistema migratorio y, por consiguiente, es mucho más probable que sean deportados. Algunos se presentan ante un juez que pospone su caso una y otra vez, lo que les da una prórroga temporal pero ninguna solución permanente.
Entretanto, los jóvenes se van adaptando a su nueva vida. El recibimiento a los menores ha sido variable en los distintos estados, comunidades y escuelas. En algunos lugares han asignado recursos y tratado de ayudar a los niños para que hagan la difícil transición; en otros lados, los han abandonado a su propia suerte, y en otros más les han puesto obstáculos en el camino. Los retos que enfrentan estos jóvenes son enormes. Muchas veces han sido objeto de violencia o testigos de situaciones terribles tanto en sus países de origen como en su viaje al norte. Estas experiencias traumáticas pueden dejar profundas cicatrices emocionales que exigen apoyo y tratamiento a los que, por lo general, no pueden acceder.
La mayoría de jóvenes centroamericanos hablan poco o nada de inglés cuando llegan a EEUU. Muchos no pudieron asistir a la escuela con regularidad en sus países, o se ven obligados por la necesidad a trabajar y estudiar. Algunos han logrado reunirse con uno de sus padres, pero quizá no le habían visto desde que eran muy jóvenes. Otros se fueron a vivir con parientes lejanos que nunca habían conocido. Es probable que las familias a las que se han integrado enfrenten situaciones económicas difíciles y tengan también miembros indocumentados. Casi todos los jóvenes inmigrantes que recién han llegado de América Central viven con temor por los familiares y amigos que dejaron atrás. Pero su peor pesadilla es, por lo general, que los envíen de regreso, posiblemente para enfrentar peores o iguales amenazas y violencia que antes.
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INMIGRACIÓN EN EEUU, UNA POLÍTICA EN CONSTANTE CAMBIO
Estados Unidos ha lidiado con la inmigración durante toda su historia. ¿A quiénes se debe permitir – e incluso incentivar – que ingresen al país? ¿A quiénes debería prohibírseles? Una vez en el país ¿quiénes cumplen los requisitos para obtener permiso de residencia o ciudadanía y quiénes no? Y ¿quiénes son elegibles para ser deportados?
Población inmigrante de Estados Unidos por región de origen, 1960 – 2015. Fuente: Migration Policy Institute.
El actual sistema migratorio tiene sus raíces en la Ley de Inmigración y Nacionalización de 1965, que estableció un sistema preferencial basado en primer lugar en la reunificación familiar y, en segundo, en las habilidades laborales. Pese al límite establecido de visas otorgadas a ciertos países y regiones, este no se aplica a familiares inmediatos – cónyuges, menores de edad y padres de ciudadanos estadounidenses adultos. Todo ciudadano de EEUU puede solicitar visa de residencia para un familiar inmediato. Esta ley produjo grandes cambios demográficos en la población estadounidense a medida que disminuían los inmigrantes europeos y seguía aumentando la cantidad de inmigrantes de Asia y América Latina. Al establecerse en EEUU, los inmigrantes calificados de esas regiones sentaron las bases para la inmigración posterior de familiares.
La Ley de Refugiados de 1980 estableció un sistema para manejar el tema de los refugiados como algo aparte de la inmigración. Se definió a los refugiados como personas que huyen de un país porque se les persigue o temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social en particular, y opinión política. La mayoría de centroamericanos no llena los requisitos para obtener categoría de refugiado porque huir de la violencia criminal extrema, las pandillas o maras, el narcotráfico y la extorsión no cabe en esa definición estricta. El presidente, en consulta con el Congreso, determina los techos anuales. El Presidente Obama fijó el techo en 110,000 refugiados para el año fiscal 2017, que el Presidente Trump bajó a 45,000 para el año fiscal 2018 pero menos de la mitad de ese número se permitió en realidad. Además, redujo el techo a 30,000 para el año fiscal 2019.
El presidente Ronald Reagan firmó la última reforma migratoria integral en 1986. Esta Ley de Reforma y Control de Inmigración impuso medidas enérgicas contra la inmigración ilegal mediante sanciones a los empleadores, pero también otorgó amnistía (legalización) a tres millones de inmigrantes indocumentados. Reagan, el padre del conservadurismo moderno, argumentaba: “Creo en la idea de amnistía para aquellos que han echado raíces y viven aquí, pese a que un tiempo atrás pudieran haber entrado ilegalmente”.
Protesta contra las deportaciones frente a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Milwaukee, WI, 2014. Foto por Joe Brusky/Flickr Creative Commons.
En 1996, una década después, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal, que sentó las bases para la maquinaria de deportación masiva existente hoy día. Millones de inmigrantes, incluso los residentes legales, se volvieron sujetos de deportación por delitos menores, no violentos, como sustraer artículos de una tienda, poseer marihuana o saltarse el torniquete de entrada al metro. El simple hecho de haber cruzado la frontera indocumentados se convirtió en justificación para expulsarlos (o repatriarlos). La ley también hizo muy difícil que los inmigrantes indocumentados pudieran legalizar su situación, incluso si su cónyuge era estadounidense o si tenían hijos nacidos en Estados Unidos. La posibilidad de deportación se convirtió en una amenaza casi constante.
Deportaciones por año fiscal, 1981 – 2013. Fuente: Mother Jones Magazine.
Gran parte del debate actual sobre la inmigración se centra en los 11 millones de inmigrantes indocumentados (1.6 millones de centroamericanos) que viven actualmente en Estados Unidos. Algunos expertos aducen que si la ley de 1996 no hubiera hecho tan difícil obtener permiso de residencia, la cantidad de inmigrantes indocumentados sería bastante menor porque muchos hubieran podido cumplir con los requisitos para recibir su tarjeta de residencia permanente o ciudadanía. En todo caso, las deportaciones aumentaron de 70,000 en 1996 a un máximo de 435,000 en 2013. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gasto en seguridad fronteriza y deportaciones incrementó considerablemente.
La reforma migratoria ha sido un tema recurrente en las últimas elecciones presidenciales. Los políticos y el público en general coinciden en que la reforma es urgente, pero están profundamente divididos acerca de cómo debe hacerse. No se ha hecho ninguna reforma sustancial en materia migratoria en más de una década. Los presidentes George W. Bush y Barack Obama prometieron emprender una reforma integral pero ninguno tuvo éxito.
El presidente Obama emitió un decreto ejecutivo relacionado con inmigrantes indocumentados. La “Acción diferida para los llegados en la infancia” (DACA, 2012) otorga a jóvenes inmigrantes indocumentados la postergación temporal del proceso de deportación y un permiso de trabajo. En 2015, su gobierno también emitió nuevas políticas para centrar la aplicación de las leyes migratorias en personas que han sido condenadas por un delito mayor o delito menor sustancial, o varios delitos; representan una amenaza terrorista, o cruzaron la frontera recientemente. Se suponía que se dejaría en paz a los inmigrantes indocumentados respetuosos de la ley, pero muchos se vieron envueltos en redadas. La cantidad sin precedentes de inmigrantes deportados durante el gobierno de Obama le ganaron el título de “deportador en jefe”.
"Presidente Obama alto a las deportaciones", protesta frente a la Casa Blanca, el 28 de agosto, 2014, Washington, DC. Foto por Mandel Ngan/AFP/Getty Images.
El presidente Trump ha convertido la migración en un tema central de su política. Ha prometido – o amenazado – construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y México (y lograr que este último lo pague); deportar a millones de inmigrantes indocumentados mediante el incremento de patrullas fronterizas y agentes de migración; dejar sin efecto el DACA; retener fondos para “ciudades santuario” cuya policía local rehúse entregar a inmigrantes indocumentados no violentos a las autoridades federales; prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes, y someter a los refugiados a una “investigación rigurosa”.
Queda por verse cuánto éxito tendrá el presidente Trump cuyas propuestas han generado apoyo y enorme resistencia. Es muy poco probable que México pague por el muro y quizá el Congreso no tenga la voluntad política para aprobar su construcción o financiarlo. Aunque ya se empezó a incrementar la cantidad de agentes de patrulla fronteriza y oficiales de inmigración, el proceso se ve restringido por el costo y la dificultad de contratar a miles de empleados nuevos. Si bien el número real de deportaciones no ha cambiado mucho todavía, puede ser que aumente cuando el sistema se ponga en marcha. Las redadas bien publicitadas de inmigrantes que no plantean ninguna amenaza evidente, junto con la retórica inflamatoria del presidente y sus simpatizantes, han creado un clima de temor generalizado entre familias y comunidades de inmigrantes. Los intentos de Trump de retener fondos para ciudades santuario y prohibir la entrada a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana han sido suspendidos judicialmente en los tribunales y es probable que un tribunal superior tome la decisión final.
"Nadie es ilegal." Protesta contra legislación anti-inmigrante en Madison, Wisconsin, 1 de enero, 2014. Foto por Joe Brusky.
La realidad de que es prioridad expulsar a todo inmigrante indocumentado en Estados Unidos ofrece una perspectiva aterradora para los centroamericanos que huyen de una violencia espantosa en sus países de origen. Hay pocas estadísticas duras sobre lo que sucede con los deportados al regresar a Centroamérica, pero las pruebas anecdóticas son sobrecogedoras. El nivel de violencia relacionada con las pandillas (maras) y las drogas sigue siendo alarmante, pero no hay ninguna referencia a esta situación en las políticas de Trump. Las condiciones son tan extremas en sus países de origen, que es probable que muchos centroamericanos continúen llegando a EEUU en los próximos años. La respuesta que encuentren y el tratamiento que se otorgue a los que ya están aquí seguirá influyendo en la identidad nacional y dejándola al descubierto.
FUENTES Y ENLACES
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MAPA E INFORMACIÓN DE EL SALVADOR
Map of El Salvador © Nations Online Project
Superficie: 21,040 kilómetros cuadrados
Habitantes: 6,340,000 (2013)
Capital: San Salvador
Población: mestiza (mezcla de españoles e indígenas)
Idioma: español
Religiones: católica romana, protestante (incluidos la evangélica)
Independencia (de España): 1821
- 34.5% de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
- 84.5% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir.
- La expectativa de vida es una de las más bajas de América Latina.
- Los problemas relacionados con el crimen, las maras y el tráfico de drogas plantea graves problemas de seguridad para El Salvador.
- Es el país con más densidad de población en el continente americano.
- Varios desastres naturales golpearon El Salvador justo después de la guerra, los que hicieron difícil la recuperación: el huracán Mitch en 1998 y los terremotos de 2001, que provocaron más de 1,200 muertes y dejaron más de un millón de personas sin hogar.
- La economía de El Salvador depende mucho de las remesas familiares de los salvadoreños que viven en el exterior (sobre todo de EEUU).
- En 2002, El Salvador dejó de usar su propia moneda y adoptó el dólar.
Flag of El Salvador.
RESUMEN DE DATOS SOBRE LA GUERRA
Fechas: 1980 -1992 (12 años)
En 1980, las cinco organizaciones revolucionarias más importantes del país que luchaban contra el gobierno militar y fuerzas paramilitares de derecha formaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Más de 75,000 civiles muertos.
La Comisión de la Verdad atribuyó el 85% de los actos de violencia a agentes estatales (militares y paramilitares) y alrededor del 5% a los insurgentes del FMLN.
CRONOLOGÍA HISTÓRICA
1000 EC – Los pipiles, de habla náhuatl, empiezan a emigrar de lo que hoy es México hacia el sur. El nombre que le dan a su nuevo hogar es Cuzcatlán – tierra de joyas – por sus bellas y fértiles tierras.
1524 – 1821 – Conquistadores españoles al mando de Pedro de Alvarado invaden El Salvador. Pese a su resistencia, los pipiles son finalmente derrotados. A finales de la década de 1800, el 80% de la población pipil había sido asesinada. A raíz de la unión de los sobrevivientes con colonizadores españoles surge una numerosa población de mestizos.
1821 – 1838 – En 1821, El Salvador declara su independencia de España y se une a las Provincias Unidas de Centroamérica. La política salvadoreña está dividida entre conservadores y liberales (véase Cronología histórica de Guatemala).
1840 – Después de la disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica, El Salvador obtiene total independencia.
1840 – 1931 – A finales del siglo XIX, el café es el principal cultivo de exportación. Una oligarquía cafetalera conocida como las catorce familias posee la mayoría de la tierra fértil. La clase media es casi inexistente y el resto del país vive en la pobreza.
1931 – El general Maximiliano Hernández Martínez toma el poder y se mantiene en el mismo hasta 1944. Hay turbulencia económica y política dirigida por obreros urbanos y campesinos.
1932 – Unas 30,000 personas son asesinadas en lo que se conoce como La matanza. El líder comunista Farabundo Martí es capturado y ejecutado. Hernández les ordena a los soldados que maten a cualquiera que parezca o suene como indígena, lo que causó la muerte de muchos pipiles. Aquellos que sobrevivieron ocultaron sus raíces, desecharon su traje tradicional y dejaron de hablar su idioma.
1932 – 1969 – El Salvador sigue estando gobernado por el Ejército directamente o a través de partidos políticos controlados por este. En los años sesenta, más campesinos pierden sus tierras porque el algodón y el azúcar se unen al café como principales cultivos de exportación.
1969 – El Salvador y Honduras se enfrentan en una guerra breve pero sangrienta provocada por miles de salvadoreños que trabajan en plantaciones de banano en Honduras.
1970 – 1979 – Estudiantes, maestros, trabajadores y líderes religiosos exigen reformas para lograr una sociedad más equitativa. Tanto la elección presidencial de 1972 como la de 1977 fueron fraudulentas. El descontento social crece. Las protestas son recibidas con violencia y muchos ya no ven la oposición legal como una opción. Los grandes terratenientes y empresarios crean organizaciones políticas que son precursoras del partido de derecha Alianza Republicana Nacional (ARENA). Empiezan a organizarse y a financiar escuadrones de la muerte. La violencia aumenta drásticamente a principios de 1979 con los asesinatos, arrestos masivos y torturas por parte de las fuerzas gubernamentales contra estudiantes, organizaciones laborales y la Iglesia católica. Los militares de línea dura impiden todo intento de reforma política.
1980 – El arzobispo Óscar Romero es asesinado mientras celebra misa, un día después de pronunciar una homilía que fue difundida por la radio y en la cua.0 apela a los soldados para que: “En nombre de Dios … ¡Cese la represión!”. Más tarde ese año, los grupos de oposición armada forman el Frente de Liberación Farabundo Martí (FMLN), que lleva el nombre del líder del levantamiento de 1932. En diciembre, cuatro religiosas estadounidenses son violadas, torturadas y asesinadas. El país se encuentra ahora en plena guerra civil.
1980 – 1989 – El Ejército salvadoreño usa el financiamiento y entrenamiento de EEUU para implementar una estrategia contrainsurgente diseñada para destruir toda posibilidad de apoyo a la guerrilla. Las comunidades rurales son bombardeadas, cientos de miles son asesinados por el ejército y los escuadrones de la muerte. Grandes cantidades de personas huyen de sus hogares, algunas en dirección a Honduras, México y EEUU. El FMLN logra controlar extensas áreas de territorio en el norte y establece un gobierno local alternativo. En 1984, se elige para presidente al demócrata cristiano José Napoleón Duarte con el apoyo de EEUU. Pero ARENA obtiene el control de la Asamblea Nacional y luego la presidencia en 1989. Pese a que continúa la represión, el descontento social aumenta y el movimiento popular se moviliza.
1989 – Tras el fracaso de las conversaciones de paz entabladas entre gobierno y el FMLN, este lanza una ofensiva contra San Salvador, la ciudad más grande del país. Después de que el gobierno ataca y bombardea los barrios pobres, con un saldo de muchas muertes civiles, el FMLN se retira. El 16 de noviembre, unos soldados asesinan a seis sacerdotes jesuitas, el ama de llaves y su hija en el campus de la Universidad Centroamericana. La opinión generalizada es que los asesinatos son un intento de exterminar a los que el Ejército considera líderes intelectuales de la guerrilla.
1992 – El 16 de enero, el gobierno salvadoreño y el FMLN firma acuerdos de paz. El FMLN es reconocido como partido político.
1993 – La Organización de las Naciones Unidas hace público un informe sobre los derechos humanos durante los 12 años de guerra civil en el que atribuye el 85% de las violaciones a las fuerzas de seguridad del gobierno. Al FMLN le achaca también algunas violaciones. El Congreso aprueba una amnistía general para los acusados de cometer atrocidades en la guerra civil, con lo cual institucionaliza la impunidad.
1994 – En las primeras elecciones después de la guerra, el FMLN participa como partido político. El candidato de ARENA gana la presidencia y la coalición encabezada por el FMLN queda en segundo lugar como la fuerza principal de oposición política.
2001 – Un terremoto de grandes dimensiones deja 1,200 personas muertas y a un millón sin techo.
2002 – Un tribunal estadounidense encuentra culpables de atrocidades cometidas durante la guerra civil a dos generales jubilados del Ejército salvadoreño y les ordena compensar a las víctimas que interpusieron la demanda en su contra.
2009 – Mauricio Funes, candidato del FMLN, es elegido presidente. El partido también tiene fuerte presencia, aunque no mayoría, en el Congreso.
2013 – Se establece una tregua entre las dos pandillas más grandes del país, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyo tamaño empezó a aumentar en los años noventa. Las tasas de homicidios disminuyen considerablemente.
2014 – Salvador Sánchez Cerén, candidato del FMLN, gana las elecciones presidenciales por estrecho margen. La tregua con las pandillas se derrumba y la cantidad de homicidios se dispara. Miles de menores de El Salvador, Guatemala y Honduras viajan solos a EEUU.
2015 – El papa Francisco aprueba la beatificación del asesinado arzobispo Romero y reconoce su martirio.
2016 – La Corte Suprema deroga la ley de amnistía de 1993 y sienta las bases para el posible enjuiciamiento de las personas responsables de crímenes de guerra.
2017 – El Salvador se convierte en el primer país del mundo que prohíbe la extracción de metales por su impacto destructivo en el medio ambiente, las fuentes de agua y la salud de la población.